Blog

Blog IPPPA

Te contamos todas las noticias y novedades en el ámbito de protección animal.

Blog IPPPA

Te contamos todas las noticias y novedades en el ámbito de protección animal.

<< volver al listado

Imprescindible curso sobre el manejo ético, responsable y eficiente de los perros catalogados legalmente como potencialmente peligrosos (PPPs)

Normativa sobre los perros catalogados como potencialmente peligrosos

El 25 de Diciembre de 1999, entró en vigor en España la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que sería desarrollada posteriormente mediante el Real Decreto 287/2002, del 22 de marzo, de régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos.  Estas normas se aprobaron en base a una serie de incidentes  de agresiones de perros a personas que aparecieron en los medios de comunicación y causaron una gran alarma. El problema fue que para la elaboración de las mismas no se tuvo en cuenta la realidad (con sus investigaciones e indicadores) de los verdaderos motivos de los accidentes por mordedura de perros, ni la implicación de las características de la raza en estos accidentes, como se detalla en este curso. 

De forma resumida, estas normas vienen a catalogar a una serie de razas de perros como potencialmente peligrosos, sin tener en cuenta al individuo en concreto, con sus circunstancias particulares, sino que solo se valora la raza o las características morfológicas de los perros en general. Y en base a ello, se establecen obligaciones y medidas de control para las personas propietarias y poseedoras de estos animales y se concretan sanciones para quienes las incumplan.

La normativa pretende hacer compatible la tenencia de estos perros con la seguridad de las personas, los bienes y otros animales, dejando al margen y en un lugar muy alejado lo que significa y conlleva una normativa de protección animal, las necesidades y capacidades de los individuos para su cuidado, comprometiendo seriamente su bienestar. 

Entre otras obligaciones, las personas propietarias de perros catalogados como PPPs deben disponer de una licencia para el manejo de los mismos, y para obtenerla necesitan ser mayores de edad, haber superado una prueba psicotécnica, formalizar un seguro de responsabilidad civil que cubra, al menos 120.000 euros, y no haber sido condenadas por una serie de delitos ni sancionadas por infracciones graves o muy graves previstas en la citada Ley 50/1999, de 23 de diciembre.  Además, en cuanto al manejo, estos animales se ven obligados a llevar de forma permanente un bozal en la vía pública y deben circular con una correa no extensible que no mida más de dos metros; y no puede llevarse a más de un perro catalogado como PPP por persona. 

Para limitar todavía más su nivel de bienestar, el Real Decreto 287/2002, del 22 de marzo, restringe de forma severa la movilidad del animal, al disponer que los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares. Esta medida está totalmente en contra del bienestar animal, y precisamente cada vez más autonomías y municipios están prohibiendo de forma expresa mantener a los perros atados o encadenados durante parte del día. 

Por si fueran pocos todos los requisitos y limitaciones que establecen las citadas normas estatales, para la tenencia de estos perros también se han desarrollado normativas autonómicas y municipales que han resultado aún más restrictivas y perjudiciales para ellos. Algunas autonomías han aumentado la lista estatal de razas de perros catalogados como peligrosos, lo que hace que en ciertas comunidades autónomas, por ejemplo, el bóxer (perro considerado idóneo para la convivencia con niños y niñas) sea catalogado como un PPP y en otras no. Esto implica que el régimen jurídico al que está sometida la persona propietaria o poseedora varía en función del territorio donde esté, con la problemática que esto conlleva.

Perjuicios que esta normativa supone para los perros catalogados como PPPs.

Desde que nacen, los perros de las razas consideradas potencialmente peligrosas tienen que vivir con una serie de importantes limitaciones que les impiden disfrutar del mismo nivel de bienestar que el resto de perros de razas no consideradas potencialmente peligrosas. 

Desde bien cachorros estos perros no pueden pisar espacios públicos sin llevar bozal, además deben pasear con correas de una longitud máxima de 2 metros.  Esto les impide ir olfateando el terreno durante sus paseos (instinto fundamental en los perros) y socializarse con el resto de animales. Los llamados PPPs no pueden disfrutar de las zonas de esparcimiento caninas y jugar con el resto de animales, privándoles de la socialización, otra de las necesidades básicas de los perros. Tampoco se les permite correr, ni en las zonas de esparcimiento ni en ningún otro espacio público, lo cual es un grave perjuicio para su desarrollo físico y mental.

¿Ha resultado útil esta normativa para evitar agresiones?

Desde el inicio de la publicación de las normas que catalogan a algunas razas de perros como potencialmente peligrosas surgió una fuerte oposición por parte de una gran mayoría de organismos dedicados a la salud, el comportamiento y el bienestar animal y, por supuesto, del movimiento a favor de los derechos de los animales.

La Federación Europea de Veterinarios (FVE) formada  por asociaciones de veterinarios de 40 países europeos expuso en un informe que:

– Las causas de las agresiones de los perros pueden ser por múltiples factores, aislados o combinados, que no tienen por qué guardar relación con la genética del perro: miedo, dolor, comportamiento incontrolado de la reproducción, falta de entrenamiento, reacciones ofensivas o defensivas inapropiadas, o el uso de animales como arma.

Las medidas específicas de limitación y/o regulación según la raza, adoptadas en algunos países, no han demostrado científica o estadísticamente la reducción de accidentes por mordedura de perro, ya sea a nivel de frecuencia o de gravedad de las lesiones.

La FVE propone una serie de medidas que considera más eficaces para prevenir y controlar las agresiones de los perros, que van más dirigidas a cada uno de ellos y a su propietario/a en particular, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los incidentes por mordedura provienen del uso criminal que hacen de los perros sus propietarios.

A nivel estatal, destacamos el posicionamiento de la asociación AVATMA, que también considera que todas las normativas con rango de ley y reglamentario que se han ido promulgando y consolidando sobre los llamados perros potencialmente peligrosos no han resuelto el problema que se pretendía solucionar, y que deben ser derogadas. 

Avances hacia la reforma de la normativa existente

Con la reciente creación de la Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno de España, ya se ha hecho pública la voluntad de reformar la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Todavía no se conocen demasiados detalles de esta futura reforma, pero sí es importante saber que se está trabajando en ella desde muchos sectores. 

¿Porqué un curso sobre PPPs si no consideramos que estas normas estén resultando útiles ni sean éticas?

Precisamente por eso, porque hasta que no cambie la situación actual, se reforme la normativa existente y se normalice socialmente que los perros pertenecientes a estas razas pueden ser igual de potencialmente peligrosos que otros, resulta urgente que los poderes públicos conozcan la realidad existente y trabajen para cambiar el estigma que existe sobre estos perros.

Los centros de recogida de animales públicos y privadosestán saturados de estos animales. En estos centros resulta muy difícil proporcionarles un mínimo nivel de bienestar, ya que el voluntariado no puede sacarlos a pasear a no ser que cuenten con la licencia, cuando ni siquiera los trabajadores de muchos de los centros cuentan con ella, lo que hace que muchos perros tengan que estar toda su vida en un canil. La adopción de estos perros también resulta muy difícil, por ser considerados un peligro y por los requisitos administrativos necesarios para poder adoptarlos. Además, aún cumpliendo con todos los requisitos, una persona propietaria de un perro catalogado como PPP, siempre tendrá más riesgo de ser sancionada, y debe tener más cuidado que el resto para realizar cualquier actividad con su perro, pues se les impide, limita o dificulta el acceso a muchos espacios. Esto  hace que a la hora de elegir entre adoptar un PPP u otro que no está catalogado como tal, se tienda siempre hacia el segundo.

Además, el perjuicio mayor para estos animales, y también para sus propietarios, es el gasto público extra

Por todos estos motivos es necesario este curso. Para que el funcionariado público conozca la legislación interna y el derecho comparado, así como los posicionamientos de la comunidad veterinaria y científica, y pueda comprender la problemática y las repercusiones, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, que genera el actual redactado. 

Con el aprendizaje ofrecido en este curso, los empleados/as públicos estarán en posición de llevar a cabo campañas y estrategias que mitiguen los efectos nocivos que ha tenido (y continúa desplegando) la normativa vigente para lograr una convivencia responsable que proteja en la medida de lo posible a estos perros y a sus propietarios/as y poseedores, al tiempo que se reduce el gasto público. Este curso proporciona las herramientas necesarias para ello, así como ideas innovadoras que ya han sido aplicadas en algunos sectores públicos que  han dado buen resultado, como las campañas, con el enfoque efectivo, de promoción de la adopción y la desestigmatización de los perros catalogados como PPPs en redes sociales.

Irene Torres Márquez,

Coordinadora del IPPPA

 

Agradecimientos:

Agradezco a las docentes del curso, las Dras. Paula Calvo Soler y Laura Arena, así como a la abogada Anna Mulà Arribas, la revisión crítica del manuscrito. 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print
Share on email
Email

Más noticias

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

IPPPA

El IPPPA, Instituto para las Políticas Públicas de Protección Animal, es un organismo educativo destinado a ofrecer y proporcionar a las administraciones públicas formación en materia de protección animal.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con tus preferencias, en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Puede configurar o rechazar la utilización de cookies u obtener más información. Más información

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística y analizar sus hábitos de navegación. La utilización de cookies nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada con sus intereses. Al clicar en “Aceptar todo” acepta el uso de todas las cookies. También puede rechazar todas las cookies al clicar en “Rechazar todo”, configurar las cookies que desea instalar o rechazar al clicar en “Configuración”, y obtener información más detallada sobre el uso de las cookies al clicar en “+ información”.

Cerrar